Como pocas veces en estos tiempos, el Gobierno provincial ha comenzado a anunciar con bastante anticipación una serie de decisiones fiscales y económicas que planea implementar apenas se inicie el próximo año.
Un aumento del Impuesto Inmobiliario en torno del 25 %, la puesta en marcha de un revalúo fiscal de los padrones que agregará una revaluación y un incremento todavía más alto y una suba de alrededor del 24 % de la tarifa del servicio de agua corriente, que administra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) -empresa del Estado provincial- han sido los anticipos que el propio gobernador de Tucumán se ha encargado de difundir. Estas medidas suceden a otras, como las vinculadas al cambio impuesto a la alícuota para Ingresos Brutos y a otros gravámenes que se tributan ante la Dirección de Rentas de la provincia y que a veces surgen a partir de determinaciones de oficio.
Para justificar las decisiones, tanto el jefe del Poder Ejecutivo como los funcionarios, dijeron que los aumentos están merituados por la necesidad de poner al día los valores de las propiedades censadas por la Dirección de Catastro y por los mayores costos que demanda la gestión del servicio de agua.
Se conforma así, una masa crítica generalizada de actualizaciones impositivas y tarifarias que impactarán de lleno en el bolsillo de contribuyentes y usuarios que mayormente son los mismos que vienen cumpliendo religiosamente con sus obligaciones fiscales. Es decir que el Gobierno de Tucumán ha tomado la decisión de transferir a los tucumanos el ajuste que viene negándose a realizar en la Administración Pública y en sus cuentas de gastos, que -como se sabe- ya vienen mostrando grietas evidentes ante la caída de la economía y a trepada inflacionaria. Al mismo tiempo, las iniciativas que se tomarán muestran que la Provincia oficialmente ha sincerado sus estimaciones inflacionarias en el orden del 25 % anual, bastante lejos de las proyectadas por el organismo oficial que realiza las mediciones de precios y costos: el Indec. Pero, no sólo esta insospechable sinceridad implica que el Gobierno tucumano desconoce la seriedad de las estadísticas oficiales que ampara el Poder Ejecutivo Nacional (actitud que toman todos los actores instituciones, sociales y políticos del país), sino que viene a reconocer que los fondos previstos para el Presupuesto 2013 (estimado en unos $ 17.500 millones) podrían llegar a escasear, por lo que esos incrementos fiscales y tarifarios serán imprescindibles de recaudar. Pero es cierto que planes como el anticipado por el gobernador están en línea con ajustes que están tomando otras provincias (Buenos Aires aprobó una suba del Inmobiliario de entre el 20 y el 60%).
Las limitaciones para tomar deuda (la posibilidad de acceder a préstamos de la Argentina y las provincias está muy marcada por inseguridad jurídica y la tasa que deberían pagar es altísima) acotan en gran medida el rumbo de la gestión. Por eso también resultan reprochables las políticas que impulsa el Estado para mantener un estándar financiero incompatible con un evidente cambio de escenario. ¿Cuál sería el éxito de asfixiar a contribuyentes y usuarios con subas que se conoce serán difíciles de afrontar ante una situación general de retracción? La lógica económica y social impone responsabilidad.